Las plataformas de contenido audiovisual por streaming han llegado para quedarse y, de algún modo, están ayudando a combatir la piratería. Plataformas como Netflix, HBO o Amazon Prime Video, y más que están por llegar y que ya estén presentes, ofrecen a los usuarios la posibilidad de disponer de un catálogo amplísimo de contenidos sin necesidad de descargar películas: series, películas, documentales, programas de entretenimiento, por precios bastante económicos y con alternativas para compartir la cuenta.
Además, estas plataformas ofrecen en la mayoría de los casos el primer mes de contenido gratuito y la posibilidad de darse de baja sin tener que pagar nada una vez finalizado ese mes de prueba.
Sin embargo, a pesar del éxito de estas plataformas, siguen siendo muchos usuarios los que optan por descargar contenido de la red (lo vemos también con las descargas de música gratis), en parte porque estas plataformas, aunque poseen mucho contenido, no está todo el que se cree, de modo que, si un usuario de Netflix desea ver contenido de HBO, en ocasiones opta por descargar películas y series directamente desde la red.
La pregunta que se plantean muchos usuarios es: ¿es legal descargar torrents de obras protegidas en España?
Como la respuesta no es clara ni sencilla, mostramos información sobre el tema y aplicaciones y programas informáticos tanto para descargar este contenido como para visionarlo en streaming.
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¿Cómo descargar películas gratis?
¿Es legal descargar películas en España?
Descargar películas en España no es legal, pero la realidad es que tampoco es un acto delictivo si quien comete esta infracción es un usuario que no tiene ánimo de lucro.
Descargar torrents como tal no es ilegal, depende del contenido del archivo al que llega el torrent. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido en repetidas ocasiones que, bajo determinadas circunstancias, un enlace a un contenido puede ser considerado una forma de comunicación pública. De algún modo, un torrent es una forma de proporcionar un enlace.
La comunicación pública es uno de los derechos de explotación que solo puede usarse con el permiso del autor, de modo que, quien pone a disposición los torrents estaría cometiendo un ilícito contra la propiedad intelectual.
Esta base es la que sostienen quienes se dirigen contra las webs que alojan, almacenan o facilitan la descarga y la localización de los archivos torrent de obras protegidas. No obstante, a nivel usuario la responsabilidad en torno al acto de la descarga tiene varias lecturas.
En el caso de que el usuario reproduzca la fijación de la obra en un soporte que le permita la obtención de copias sin autorización del titular, está realizando una conducta ilícita, aunque no un delito, por ser contraria a la ley de propiedad intelectual. La descarga de un archivo, según esta lectura, es contraria a derecho si no se tiene la autorización de los titulares de los derechos de explotación.
En cualquier caso, existen diferencias entre descargar contenido y compartir contenido. No es la misma práctica ni tampoco tiene las mismas implicaciones legales.
En las redes P2P, por defecto, al compartir se descarga. Si no se comparte el contenido, no se puede descargar. En la distribución de esta clase de contenidos, el delito solo lo comete quien comparte con ánimo de lucro. En el año 2015 el Código Penal fue modificado en su artículo 270 para criminalizar las webs de enlaces.
Los usuarios que comparten sin ánimo de lucro no cometen un delito porque no reúnen todas las condiciones, pero sí puede haber un ilícito civil si se demuestra quien lo ha compartido. El problema en estos casos es que es difícil conseguir la identidad del usuario que hay detrás de una IP.
Una IP identifica una conexión telefónica, no una persona. En algunos países, entre ellos España, para conseguir la identidad de los usuarios partiendo de la IP se les envía una carta exigiéndoles un pago por las descargas que han hecho a cambio de no iniciar acciones legales con desenlace incierto.
La modificación del Código Penal en julio de 2015 es importante, porque con ella se deja más claro qué actos se persiguen con respecto a estas acciones. Se castiga a quien distribuye contenido sin autorización de sus legítimos propietarios, pero no a quien descarga la serie o película a su ordenador.
Las penas por distribuir o crear plataformas con enlaces a contenido audiovisual sin el consentimiento de sus propietarios se castiga con hasta 6 años de prisión, pero el particular que se descarga ese contenido a través de estas plataformas no autorizadas no recibe sanción, pues esto no lo recoge el Código Penal.
Ahora ya sabes cómo descargar películas, pero también sabes cómo y dónde verlas sin necesidad de hacer la descarga. ¿Qué opción vas a elegir?
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